El reconocimiento de la memoria histórica y la necesidad de su recuperación cobra fuerza en España a partir del 2004 y se positiviza en la muy insuficiente Ley 52/2007, que con posterioridad ha sido prácticamente anulada por el gobierno del PP cortando cualquier ayuda pública a las asociaciones que realizan actividades de recuperación de la misma. Ha habido un importante esfuerzo por hacer visible el odio y la brutalidad de la represión de los sublevados contra la República, el inmenso dolor y sufrimiento infligido a millares de personas por su ideología o pertenencia de clase. Y se puede decir que este esfuerzo por restablecer una narrativa histórica negada por el discurso oficial ha resultado eficaz, especialmente en lo que se refiere a la guerra civil y a la intensa represión subsiguiente hasta 1945, incluida la ejercida contra la guerrilla y el maquis de esos años.
