La Junta Electoral Central ha reconocido que existen «dificultades» para que los emigrantes españoles y los que se encuentran temporalmente en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Se trata de un colectivo que asciende a 1,8 millones de electores, según el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA). El organismo que supervisa los procesos electorales admite que los plazos que establece la ley son «insuficientes» y habla también de «problemas derivados del funcionamiento de los servicios postales de otros Estados».
