El cuerpo recuperado en el 2012 en Bóveda puede no ser el del guerrillero Bernardo Álvarez. Habrá que hacer otra exhumación para comprobarlo.
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Familiares y asociaciones reclaman en Argentina que no se obstaculice la investigación de crímenes del franquismo
Familiares de víctimas del franquismo y diversas asociaciones de derechos humanos “dieron la bienvenida” a la declaración conjunta emitida por cuatro órganos de Naciones Unidas, en la que cuestionan la decisión de España, del pasado 13 de marzo, de denegar la extradición de 17 ciudadanos españoles solicitada por la jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.
El juez obliga a derribar la cruz franquista de O Castro
El gobierno local de Abel Caballero (PSOE) se ha negado a hacerlo pese a que contraviene la ley de la memoria histórica
Lavozdegalicia.es/ Ángel Paniagua / Jorge Lamas /06 septiembre 2014
XOÁN CARLOS GIL
El Concello de Vigo tiene que tirar la cruz franquista de O Castro. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Vigo se lo ordena porque contraviene la ley de la memoria histórica, que obligó a eliminar los símbolos públicos que ensalzasen la dictadura. No es un símbolo religioso ni eclesiástico, dice el juez, sino político, ya que se construyó para conmemorar «la sublevación militar de 1936, de los vencedores de la Guerra Civil y de la posterior dictadura y represión». Todo ello lo convierte en «un testimonio presente del triunfo de los vencedores en la Guerra Civil y memoria de la humillación para los vencidos, sus víctimas y sus descendientes».
Es una dura sentencia firmada por Antonio Martínez Quintanar. No deja lugar a dudas: «Acuerdo anular el acto recurrido y condenar al Concello de Vigo a que proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada del elemento arquitectónico denominado Cruz de los Caídos sito en el monte do Castro de Vigo».
El acto recurrido es un acuerdo de la junta de gobierno local del Concello de Vigo tomado el 1 de marzo de 2013 bajo la presidencia de Abel Caballero. Ese día, el alcalde y su grupo de gobierno rechazaron la petición de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 de que se tirase la cruz. El alcalde lo había pactado con el anterior obispo, a pesar de que su propio partido era el impulsor de la ley de la memoria histórica, aprobada en el 2007. Además, los concejales socialistas y los del PP votaron en el pleno en contra de la petición del BNG de que se tirase la cruz.
Para el Concello era suficiente con un acuerdo del pleno del año 1981. Ese año, por unanimidad, la corporación acordó retirarle el cariz franquista al monumento. Se eliminó la inscripción que rezaba «Caídos por Dios y por España» y la que invocaba «¡Presentes! 1936-1939», en alusión a los muertos en la Guerra Civil partidarios del bando del general Francisco Franco. También se eliminó el escudo preconstitucional en bronce y el emblema de la Falange. Pero haber eliminado todo eso no es suficiente para «variar la única significación propagandística de la sublevación militar golpista de 1936 y del régimen franquista que caracterizó al monumento desde su diseño y construcción», según la sentencia. Por eso contraviene la ley.
La cruz de doce metros se erige en las faldas de O Castro desde 1961. Su construcción la impulsó el entonces jefe de la Falange en Vigo y la acordó el pleno municipal. En 1981 se trató de borrar ese carácter franquista y convertirlo en un monumento de reconciliación, pero el informe pericial de un historiador, al que el juez invoca en varios párrafos de su fallo, asegura que no se ha borrado. A ello contribuye, dice el magistrado, la propia ubicación de la cruz, en un terreno que no pertenece a la Iglesia católica y que posibilita «la concentración de grandes cantidades de personas en los actos de conmemoración falangista». Durante la dictadura se utilizaba anualmente para homenajear a José Antonio Primo de Rivera y su organización.
La patata caliente queda en manos del Ayuntamiento de Vigo, que puede recurrir la sentencia porque el fallo aún no es firme. Claro que así recurriría contra una decisión impuesta por la ley de la memoria histórica, una de las actuaciones estrella del PSOE desde el Gobierno de España.
¿Será la próxima la de Córdoba capital? . Esa que está situada frente a los juzgados y la Delegación del Gobierno, en entrada principal de la ciudad.