Nada más producirse en Cádiz la rendición de las fuerzas políticas y sociales leales a la República, comenzó la tarea represiva de las nuevas autoridades rebeldes. El alcalde, Manuel de la Pinta Leal, no se encontraba en esos días en la ciudad pero fue detenido en Córdoba en septiembre y llevado a Cádiz para ser fusilado. El gobernador Mariano Zapico, el presidente de la Diputación, Francisco Cossi Ochoa y los militares que se negaron a sublevarse fueron acusados de rebelión militar. Recordemos que las autoridades civiles y las militares cumplieron sus obligaciones y se limitaron a seguir las órdenes emitidas por el gobierno de la República y respetar la legislación vigente, además de no empuñar las armas contra los sublevados. Entre los militares leales a la República se encontraba el capitán de la Armada Tomás Azcárate García de Lomas. Pues bien, a mediados de agosto de 1936, antes de producirse juicio alguno, fue sacado, junto con el diputado socialista Rafael Calvo Cuadrado y el abogado del consistorio municipal, Antonio Muñoz Dueñas, para ser fusilados por orden del general Queipo de Llano.
