Así están las cosas: en España nunca ha prosperado un recurso de revisión de una sentencia procedente de un consejo de guerra franquista por un delito político. Tampoco los miles de juicios sumarísimos de personas anónimas en la guerra y posguerra han sido anulados ya en democracia. “La judicatura no ha hecho la Transición de la dictadura”, explica a este periódicoGutmaro Gómez Bravo, profesor de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de publicar una profunda revisión histórica del caso de Salvador Puig Antich, en la que desvela las cuentas pendientes del poder judicial con el pasado.
